El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, reveló la crítica situación financiera encontrada al inicio de la actual administración. Se detectaron 89 litigios activos que abarcan temas de obra pública, arrendamientos y pagos de facturas, cuyas demandas ascienden a más de 5 mil 500 millones de pesos. De estos casos, 29 ya cuentan con sentencias firmes que obligan al estado al pago de mil 500 millones, herencia de lo que calificaron como un periodo de saqueo neoliberal que privilegió los intereses privados sobre el bienestar social.
García Parra enfatizó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, se están tomando acciones legales para detener este desvío de recursos. La estrategia incluye la revisión de contratos de servicios como el del Centro Integral de Servicios (CIS) y el análisis técnico del contrato de Agua de Puebla. El objetivo es transitar de una «deuda oculta» hacia una reconstrucción financiera que permita atender las necesidades urgentes de la población poblana en las siete regiones del estado.
Fuente: Gobierno del Estado de Puebla